Una nueva y dura acusación en contra de la recia política migatoria del gobierno de Donald Trump se dio a conocer este martes.
Según denunció ACLU, la administración Trump ha separado a más de 900 niños de sus familias a pesar de que un juez ordenó a la administración que detuviera las separaciones hace más de un año.
“El gobierno está separando sistemáticamente a un gran número de familias con base a antecedentes penales menores, acusaciones muy dudosas de falta de aptitud y errores en la identificación de relaciones de buena fe entre padres e hijos”, dijo la ACLU en una presentación ante un tribunal de distrito federal en San Diego.
La ACLU le pidió a un juez federal que impidiera que la administración continuara con las separaciones, lo que dijeron que desafiaba la orden judicial.
Por su parte, la administración Trump ha dicho que las autoridades solo separarán a los niños si los adultos representan un peligro en función de sus antecedentes penales o sospecha de abuso.
Sin embargo, ACLU alega que la posición del gobierno es que pueden separar legalmente a los niños de los adultos sobre la base de cualquier historial criminal, sin importar cuán pequeño sea, reportó The Hill.
“Es impactante que la administración Trump continúe tomando bebés de sus padres. Más de 900 familias más se unen a las miles de otras que anteriormente fueron destrozadas por esta política cruel e ilegal. No se debe permitir que la administración eluda la orden judicial por infracciones como infracciones menores de tránsito”, dijo Lee Gelernt, abogado principal en la demanda.
Según la acusación, docenas de padres han sido separados debido a infracciones de tránsito, delitos de DUI, posesión de drogas y delitos de fraude o falsificación. En muchos casos, dijo ACLU, “no está claro si el padre fue condenado por el delito relevante o simplemente acusado”.
La presentación alega que desde el 28 de junio de 2018 hasta el 29 de junio de 2019, los agentes de Inmigración y Control de Aduanas han separado a 911 niños, incluidos numerosos bebés y niños pequeños, con base a antecedentes penales, así como la determinación unilateral y sin respaldo de los acusados de que el padre no es apto o es un peligro “o un error acerca de la identidad del adulto como padre del niño.
