SAN ANTONIO – Un panel de tres jueces federales estuvo programado para encabezar ayer martes una audiencia sobre la implementación de la SB 4 en Texas.
La ley, aprobada por el gobernador Greg Abbott, prohíbe las ciudades santuario en el Estado, exige la colaboración de autoridades locales con agentes de inmigración, brinda a la policía el derecho a cuestionar a una persona sobre su estatus migratorio durante una detención rutinaria, y penaliza a los gobiernos locales y universidades que decidan no cumplir las leyes migratorias federales.
El pasado 31 de agosto, un día antes de que la ley entrara en efecto, un juez federal bloqueó algunas cláusulas de la medida.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito de Estados Unidos dictaminó a finales de septiembre que partes de la SB 4 podían ser ejecutadas.
Ese mismo día, la corte federal además aseguró que la ley podría ser desbloqueada en su totalidad si se realizaban algunos cambios de lenguaje.
Diferentes ciudades a lo largo de Texas han demandado al estado en un esfuerzo por que la ley sea derogada, mientras que el Departamento de Justicia del país ha demostrado su apoyo hacia el gobernador Abbott y la SB 4.
