Empleadores

en todo Estados Unidos se disponen

a despedir a los trabajadores

con tarjetas de Seguro Social dudosas,

para evitar verse mezclados

en la creciente campaña del

gobierno federal en la detección

de indocumentados en los centros

de trabajo.

El departamento (ministerio)

de Seguridad Interior (DHS, por

sus siglas en inglés) anunciará

pronto nuevas normas para los

patronos notificados cuando el

nombre o número de Seguridad

Social de un empleado sean detectados

como falsos por parte de

la Administración de la Seguridad

Social (Social Security Administration).

La norma requiere a los empleadores

que despidan a las personas

cuya situación legal no

puedan verificar o que en un plazo

de 60 días no puedan solucionar

las discrepancias entre el

número de la Seguridad Social

que aparece en la forma de la declaración

fiscal de ingresos,

conocida por su abreviatura inglesa

de W-2, y el banco de datos

del organismo gubernamental.

Los empleadores que no

cumplan estas normas podrían

recibir multas de $250 a $10 mil

por cada trabajador indocumentado

y por cada incidente.

Cartas de

“inconsistencias”

La Administración de la Seguridad

Social ha enviado desde

hace años cartas de “inconsistencias”

a trabajadores y sus empleadores

notificándoles de las

discrepancias en los documentos

de identificación.

Esas cartas no eran compartidas

con otros organismos gubernamentales

debido a las leyes

de privacidad.

Aunque la ley le prohíbe a los

empleadores contratar a trabajadores

indocumentados, su responsabilidad

en el caso de las

cartas concluía con la notificación

de las discrepancias a los

trabajadores afectados.

Además, muchos empleadores

fueron aconsejados

por los abogados que no despidieran

a un trabajador por el

mero hecho de recibir esas cartas,

ya que las discrepancias podrían

deberse a un error gráfico

en el número o nombre, un error

de computación, o cambio de

nombre que no fue debidamente

comunicado después de contraer

matrimonio u otras razones.

Mano dura

Aun así, los que no cumplan

con las nuevas normas serán

considerados transgresores por

contratar a sabiendas a un trabajador

indocumentado.

La Agencia de Inmigración y

Aduanas (ICE, por sus siglas en

inglés), parte del DHS, “va a ser

muy dura y contundente en la

aplicación de la ley”, afirmó el

vocero del ministerio, Russ

Knocke.

El funcionario agregó que

“habrá más redadas en lugares de

trabajo. Y no serán toleradas más

excusas”.

LOS ANGELES. Una jueza

federal dictaminó que el gobierno

de Estados Unidos no

cumple con sus propios estándares

en decenas de centros de

detención para inmigrantes.

Con base en reportes sobre

las condiciones en al menos

201 centros carcelarios para inmigrantes,

la jueza Margaret

Morrow opinó que muchos de

los recintos no satisfacen las reglas

esenciales de acceso a materiales

legales, teléfonos y

abogados, así como higiene y

visitas, dijo el periódico.

Los reportes, hasta ahora

confidenciales, fueron revisados

por Morrow, quien además

dictaminó que en los 201 centros

que hay en todo el país existen

problemas serios que

afectan los derechos de cientos

de extranjeros arrestados por

diversas causas.

“Es poco lo que ha cambiado

en los últimos 20 años dentro

de estas instalaciones”, indica

el fallo.

La jueza rechazó una petición

del gobierno presentada en

noviembre, para levantar una

orden judicial en vigor desde

1988, que regula las condiciones

de detención de salvadoreños

que pidieron asilo

durante la época de la guerra

civil en ese país.

Si bien el caso nada más

tiene que ver con quienes solicitaron

asilo (la mayor cantidad

de peticiones ocurrieron en los

años 80 durante la guerra civil,

aunque en 2005 unos 3,630 solicitaron

ese beneficio y sólo 64

lo obtuvieron), las condiciones

en las cárceles de inmigración

afectan a todos los inmigrantes

presos.

Durante el juicio se presentaron

reportes del Alto Comisionado

de las Naciones Unidas

para Refugiados (ACNUR) y

de la Barra Americana de Abogados

(ABA), en los que se detallan

una serie de deficiencias

en la detención de inmigrantes.

También señalan que informes

internos del departamento

de Seguridad Nacional

(DHS, por sus siglas en inglés)

no describen todas las irregularidades

existentes en las

cárceles de inmigración.

Cesarán empleados con papeles dudosos

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